Emersson Forigua R – Agosto 31 de 2025
El 15 de agosto de 2025, la Marina de EEUU, confirmó el despliegue del «Grupo Anfibio Iwo Jima» (Buque de asalto USS Iwo Jima y los transportes USS Fort Lauderdale y USS San Antonio) y la «22ª Unidad Expedicionaria de Infantes de Marina», a los que el día 18 se le sumaron los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, un despliegue que además incluía, cerca de 4.000 marinos e infantes de Marina, varios aviones de patrulla marítima P-8 y al menos un submarino de propulsión nuclear, así como otros buques que se han unido a estas unidades en los últimos días, como el buque lanza misiles USS Lake Erie. La movilización de las tropas se ha presentado como parte de un refuerzo militar hacia el sur del Mar Caribe, que tendrá un carácter prolongado, se desarrollará en el espacio aéreo y en aguas internacionales, siendo su objetivo principal usar todo el poder de EEUU para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.
Esta situación abrió el debate sobre el alcance de las acciones impulsadas por la administración Trump, quien definió como una de las prioridades de su gobierno el «eliminar a los cárteles de la droga que destruyen vidas en Estados Unidos”, al tiempo que se comprometió a emplear todos los recursos disponibles, «incluyendo la intervención militar si fuera necesario”, para impedir que las drogas lleguen a EEUU. De allí que muchos actores internacionales se estén preguntando, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la administración Trump frente a Maduro?, que como lo indica el Departamento de Estado (DoS) en su «Programa de Recompensas por Narcóticos», no es reconocido como presidente legítimamente electo de Venezuela tras el fraude cometido en las elecciones de 2024, siendo reconocido en su lugar Edmundo González. Lo que vemos en este momento ¿Se trata de una campaña de extrema presión, se utilizará la fuerza militar para forzar un cambio de régimen o solo se buscará afectar algunos de los nodos estratégicos del sistema criminal que opera en Venezuela?
Hasta el momento, el Presidente Trump y sus estrategas, tanto civiles como militares, han sido reacios a impulsar intervenciones militares masivas y directas, debido a lo costoso en términos económicos, las implicaciones de política internacional que pueden generar, las divisiones que causan en la política interna y lo poco eficaces que puede resultar al momento de promover algunos de los intereses estadounidenses, buscando por ello, limitar los compromisos internacionales que impliquen ese curso de acción. Sin embargo, esto no puede interpretarse como una renuncia al uso del poder militar tal y como quedó demostrado con los ataques realizados por los EEUU bajo Trump contra el Estado Islámico en Somalia (Febrero 1° – Alrededor de seis ataques aéreos para abatir a los lideres de la organización terrorista en Puntlandia, montañas Al-Miskaad, zonas de Qurac, Buqo, Wangable y Dhasaan), los Hutíes en Yemen (Marzo 15 a mayo 6 – Organización terrorista aliada de Irán que estaba atacando los buques comerciales y militares que transitaban la zona) y los ataques realizados contra la República Islámica de Irán (Junio 21 – En el marco de la “Operación León Ascendente” realizada por Israel contra el alto mando y la infraestructura militar iraní, así como los científicos vinculados al programa nuclear, se bombardeó los nodos estratégicos de dicho programa en Fordow, Natanz e Isfahán).
En estos ataques se evidenció que los estrategas estadounidenses, al momento de avanzar hacia la consecución de sus objetivos mediante la fuerza militar, han tendido a privilegiar el uso de enfoques focalizados, de alta capacidad disruptiva sobre los nodos estratégicos del sistema adversario buscando una afectación de largo plazo y que permitan maximizar los puntos fuertes de las capacidades militares desplegadas por los estadounidenses tales como su poder aéreo o naval, su capacidad logística o su supremacía en materia tecnológica e inteligencia, evitando combates cercanos o escenarios asimétricos que den ventajas al enemigo y que puedan llevar a bajas dentro del personal militar o la perdida de equipos sensibles. Para los estrategas de Trump es claro que no solo disponen del poder militar, ya que éste actúa de forma interconectada con otras herramientas como la presión legal, política o económica, siendo esta última una herramienta que la administración ha empleado con mucha fuerza a través de los aranceles pero que no es la única disponible en el arsenal de Trump, quien recibió del Presidente Biden un legado de medias punitivas en materia económica nunca antes vitas producto de la guerra ruso-ucraniana, siendo poco probable que otros países logren sortearlas, por su magnitud, complejidad e impacto, de la manera en la que lo ha hecho Rusia.
Este curso de acción también refleja el modelo mental del Presidente Trump, quién se forjó en el mundo de los negocios y quien ganó experiencia política con su primer paso por la presidencia de los Estados Unidos entre 2017-2021. Es por ello que en muchos escenarios internacionales hemos visto que su enfoque negociador gira en torno a crear una enorme presión temporal, el fomento de una incertidumbre estratégica que dificulte al adversario la identificación o alcance de sus acciones, la alternancia de posturas duras – diplomáticas tanto por parte de él como de sus funcionarios con el fin de influir la psique del adversario llevándolo a aceptar condiciones que de otro modo rechazaría y la creación de una atmosfera de miedo en la que deja claro que la administración que preside está en capacidad de presionar no solo con palabras, sino también con acciones legales, económicas o militares concretas y aunque se llegue a cuestionar la plena eficacia de dichas acciones, la contraparte comprenderá que hay un alto costo por pagar. Es importante no perder de vista que el despliegue de unidades militares en el Mar Caribe debe verse en el contexto de una estrategia más amplia que han venido implementando Trump y el DoS en el marco de la “Orden Ejecutiva 14157,” firmada el 20 de enero de 2025, mediante la cual se ordenó al DoS empezar a etiquetar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, debido a que “amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el Hemisferio Occidental”, al tiempo que se “constituyen una amenaza para la seguridad nacional más allá de la que representa el crimen organizado tradicional”.
A esta acción le siguió la decisión tomada el 20 de febrero por el DoS, con la que se designó como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT) al de Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13), el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco “nueva generación”, el cártel del Noreste (antes los Zetas), la Nueva Familia Michoacana, el cártel de Golfo y Cárteles Unidos. La categorización de estos grupos criminales como organizaciones terroristas permite poner en marcha una serie de herramientas legales, económicas y militares que pueden incluir la incautación de bienes, el congelamiento de cuentas bancarias, sanciones económicas directas o a los actores que colaboren de alguna manera con ellos, hasta la utilización de capacidades militares en su contra. El 25 de julio de 2025, EEUU incluyó al “Cartel de los Soles[1]” como organización terrorista, asegurando que estaba vinculada con el régimen venezolano de Nicolas Maduro y que prestaba ayuda tanto al Tren de Aragua como al cartel mexicano de Sinaloa. Esta decisión se enmarca en lo establecido en el “Programa de Recompensas por Narcóticos” del DoS que resalta que Maduro, desde marzo de 2020, ha sido acusado en el Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, entre otros delitos debido a que participó en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, negoció cargamentos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC, ordenó al Cártel de los Soles proporcionar armas de uso militar a las FARC y coordinó con narcotraficantes de la región para facilitar el narcotráfico a gran escala, al tiempo que solicitó asistencia a la cúpula de las FARC para entrenar a un grupo de milicianos que funcionaban como una unidad de las fuerzas armadas del Cártel de los Soles.
El 7 de agosto de este año, después de que el Departamento del Tesoro sancionara al Cártel de los Soles como organización terrorista, el gobierno de estadounidense incrementó la recompensa por Maduro a 50 millones dólares, una recompensa que desde 2020 era de 15 millones y que había pasado a 25 millones en enero de 2025. El 8 de agosto, el New York Times reveló que el presidente Trump había firmado una directiva que le permite al Pentágono utilizar las Fuerzas Militares estadounidenses contra los cárteles de la droga latinoamericanos que la administración ha catalogado como organizaciones terroristas y el 13 de agosto, a través de la Fiscal Pam Bondi, se informó de la confiscación de más de $700 millones de dólares en activos pertenecientes al régimen venezolano. Con estas acciones parece que los estrategas norteamericanos se han trazado el objetivo de sacar a Maduro y su círculo del poder, pero para lograrlo no están contemplando una operación militar masiva, con tropas combatiendo en tierra y abriéndose paso desde la costa hasta los centros urbanos o hacia cualesquiera que hayan sido los blancos establecidos, reconociendo con ello las dificultades derivadas de remover militarmente un régimen, así como aquellas derivadas de trabajar para volver a estabilizar un país. Un curso de acción militar de ese tipo, eventualmente, requeriría un despliegue de fuerzas mucho mayor, tal y como ocurrió en Irak, en 2003, donde EEUU desplegó cerca de 193.000 hombres para derrocar a Saddam Hussein o en Panamá, en 1989, donde en el marco de la “Operación Causa Justa”, diseñada para remover al dictador Manuel Antonio Noriega, se desplegaron 27.000 soldados para enfrentar a cerca de 12.000 tropas panameñas, exigiendo este tipo de escenarios, compromisos mucho más largos en términos de tiempo y recursos económicos o militares.
Es por esto que los estrategas estadounidenses, con el fin de avanzar hacia el objetivo que parecen haberse trazado, podrían llegar a impulsar acciones en el que el actual despliegue de fuerzas estadounidenses, que es un curso de acción de presión político-militar, podría evolucionar hacia un escenario en el que confluirían, entre otras, acciones tales como: i) Ataques aeronavales contra los nodos estratégicos del liderazgo político o las capacidades militares venezolanas, ii) La profundización de medias punitivas de carácter económico destinadas a degradar aún más la economía del régimen venezolano, iii) Afectaciones a la infraestructura relacionada con el tráfico de drogas, así como acciones de interdicción destinadas a disruptir las rutas marítimas/aéreas del sistema criminal que opera desde el país, iii) El fomento de las tensiones dentro del círculo interno del poder, donde la generosa recompensa que cuelga sobre la cabeza de Maduro podría ser un poderoso catalizador para removerlo debido al enorme descontento con un régimen que sumió al país en la pobreza, la corrupción, la criminalidad, la hiperinflación y una diáspora que ha obligado cerca de 7.9 millones de venezolanos a huir y iv) Finalmente, no se puede descartar que la metódica diplomacia de los Estados Unidos pueda estar realizando discretas pero decisivas acciones con otras potencias mundiales – regionales, así como otros actores internacionales, para presionar a Maduro con el fin de tratar de hacerle entender que su tiempo terminó y que debe abandonar el poder, antes de que el presidente Trump se decida a emplear algunas de las capacidades militares que está desplegando.
Sea cual sea el curso de acción que decidan los estrategas estadounidenses, realizar un despliegue de fuerzas como el actual en el Mar Caribe para al final no llevar a cabo ninguna acción, podría ser contraproducente para cuales quieran que hayan sido los objetivos definidos frente a Maduro, que podría salir fortalecido en detrimento de los Estados Unidos, así las fuerzas ubicadas actualmente frente a las costas venezolanas, dentro del global de las capacidades que los estadounidenses pueden desplegar en la región o el mundo, sean relativamente discretas. Amanecerá y veremos como deciden proceder los estrategas norteamericanos y que tan eficaz es dicho curso de acción en función de los objetivos trazados.
[1] Este nombre surge en 2004, cuando el periodista y concejal Mauro Marcano acusó al jefe de la Guardia Nacional de Venezuela y a otros oficiales del Ejército de estar involucrados en el narcotráfico. Marcano fue asesinado en septiembre de 2004, en el Estado de Monagas – Venezuela, cuando iba a efectuar la denuncia contra lo que llamó «Cartel de los Soles», en alusión a las insignias de generales venezolanos. En julio de 2005, el diario The Miami Herald publicó, en palabras de un «diplomático extranjero en Caracas, familiarizado con las operaciones antidroga», que el Cartel de los Soles era como «un considerable grupo de generales del Ejército y la Guardia Nacional».
Enviar mensaje 